Debate 04: Vías para que la innovación contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. La innovación social y la innovación empresarial.

Marco de referencia

La innovación, como vía para que las empresas incrementen la capacidad de maximizar sus beneficios, está tan cuestionada como la reputación de las que sólo responden a ese planteamiento.

El origen de tal desprestigio se remonta a las políticas neoliberales impulsadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 70, que introdujeron cambios en los mecanismos de redistribución de la riqueza (políticas fiscales), base de los avances del estado del bienestar (en sanidad, servicios sociales, educación, cultura, acceso a la vivienda o la energía), y en la función del Estado, reorientada a facilitar la iniciativa privada en detrimento de sus propias competencias.

Treinta años después, la crisis sistémica que estalló en 2008, consecuencia de un proceso de desregulación y “financiarización” de la economía, no solo se vivió como una crisis económica sino también política y social. De hecho, alentó que una parte de la ciudadanía cuestionara ideas como la globalización, el desarrollo económico, el sistema financiero y hasta el funcionamiento de la democracia liberal. Frente a la idea de que el progreso estaba sustentado en un crecimiento económico sin fin, emergió el deseo de que las empresas y el resto de las instituciones se comportaran según valores éticos y sostenibles.

Y es que, tras esa crisis no superada, muchas personas relacionaron la actuación de ciertas empresas con los graves abusos cometidos en la extracción de materias primas, la contaminación y degradación del medioambiente, o las condiciones en las que vivían las personas que integraban las comunidades en las que instalaban su producción, animados de una ambición que no reparaba en las consecuencias, ni en los gastos (económicos, sociales y medioambientales) que, por otra parte, no habrían de pagar. Por ejemplo, según Oxfam Intermón, el 1 % más rico del planeta produce más CO2 que el 50 % más pobre.

El reconocimiento de esta situación condujo a que Michael Porter, Profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, internacionalmente conocido, propusiera un nuevo enfoque: la “Creación del Valor Compartido”, superando las ideas de responsabilidad social empresarial que habían intentado, sin demasiado éxito, mejorar la imagen más impopular del capitalismo.

De manera muy resumida, señaló que la competitividad de las empresas y la salud de las comunidades son mutuamente dependientes, y que reconocer y capitalizar las conexiones entre el progreso social y económico permitirá desencadenar la próxima ola de crecimiento global.

Su trabajo, publicado en Harvard Business Review (2011), supuso un reconocimiento formal, desde la ortodoxia académica, de que las empresas debían cambiar su visión y, en correspondencia, su forma de actuar.

Casi simultáneamente emergieron otras ideas para humanizar las empresas y los enfoques que despliegan, como la “Economía del Bien Común”, promovida en 2010 por el economista vienés Christian Felber.

Este movimiento, trascendiendo la idea de “homo economicus”, trata de transformar el ánimo de lucro en beneficios para la comunidad y la competencia en cooperación, partiendo de la hipótesis de que los mismos valores que son fuente de motivación y felicidad para las personas deberían fundamentar nuestro sistema económico. Para ello, define la matriz del bien común gracias a la cual se calcula cómo una empresa vive la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad y la democracia en relación con sus proveedores, financiadores, trabajadores y clientes, considerando su impacto local y global, así como los intereses de las generaciones actuales y futuras.

Estas tendencias hacia la socialización de las empresas fructificaron en territorios que, como Europa, contaban con una arraigada tradición en economía social, caracterizada por tener un propósito o dimensión social (un impacto positivo), ser rentables (aunque con una distribución limitada de los beneficios) y utilizar métodos de gestión responsables (gobernanza participativa en la que se hallen implicados los distintos colectivos afectados: trabajadores, inversores, clientes y proveedores).

Algunos datos que ilustran la relevancia que ha adquirido la economía social en la Unión Europea son (2015):

  • Representa el 10 % de la economía europea (PIB).
  • Emplea a más de 11 millones de trabajadores (4,5 % de la población activa).
  • Representa el 7,5 % de la población activa en Finlandia, el 5,7 % en Reino Unido, el 5,4 % en Eslovenia, el 4,1 % en Bélgica, el 3,3 % en Italia o el 3,1 % en Francia.
  • Supone una de cada cuatro nuevas empresas que se crean cada año en la Unión Europea, e incluso una de cada tres en Finlandia, Francia y Bélgica.

La definición de empresa social que utiliza la Comisión Europea indica que:

  • Su objetivo prioritario es lograr un impacto social en lugar de generar ganancias para los propietarios y los accionistas.
  • Usa sus excedentes principalmente para alcanzar estos objetivos sociales.
  • Es gestionada por emprendedores sociales de forma responsable, transparente e innovadora; en particular, mediante la participación de los trabajadores, los clientes y los grupos de interés afectados por su actividad.

Otras entidades, como el G8 Mission Alignment Working Group, define a las empresas sociales como las que poseen una misión social, la vinculan a su negocio y restringen cualquier desviación de ella, aunque sin limitar el uso de sus activos o beneficios, lo que favorece una mayor inversión comercial y permite un crecimiento y un impacto más rápidos. Al igual que las organizaciones del sector social, asumen un compromiso central y a largo plazo con su impacto social, lo que las distingue de las que, sin ser su misión, buscan lograr impacto y, desde luego, del resto de empresas convencionales. Sus directivos son responsables de cumplir con este compromiso, informar sobre su impacto y ser transparentes sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

De hecho, en la última década, a escala global, se ha experimentado una fuerte tendencia a que tanto organizaciones no gubernamentales (ONG) como empresas tradicionales recorran un camino inverso para converger en un amplio espacio denominado de emprendimiento social.

Así, por ejemplo, algunas ONG de carácter benéfico han empezado a realizar actividades económicas, al igual que muchas empresas tradicionales, después de adoptar planteamientos de responsabilidad social, han decidido certificarse como empresas B Corps (en la actualidad más de 4.000 en 77 países), como manera de mostrar que están construyendo una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el planeta.

A diferencia de las empresas que sólo persiguen fines económicos, las B Corps cumplen con estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad legal, y en la toma de decisiones tienen en cuenta a sus trabajadores, clientes y proveedores, a la comunidad y al medio ambiente.

Se trata de empresas que, bajo figuras jurídicas diversas, tratan de identificar retos (situaciones en los mercados de bienes y servicios que causan exclusión, marginación social o impactos indeseables en el planeta) para convertirlas en oportunidades (desarrollando propuestas de valor económico, social y/o medioambiental) y, a través de la innovación social, crear respuestas viables económicamente (modelos de negocio) capaces de producir impactos positivos que corrijan los desequilibrio identificados.

La importancia que han adquirido las empresas sociales, el emprendimiento social, la economía social, la economía solidaria y la innovación social es tal, que han aparecido multitud de redes para conceptualizar lo que son e impulsar métodos para desplegar todo su potencial, como EMES International Research Network, red de centros de investigación universitarios establecidos e investigadores individuales cuyo objetivo es construir un corpus internacional de conocimiento teórico y empírico, pluralista en disciplinas y metodologías sobre economía social.

Las instituciones europeas también han contribuido al desarrollo de la economía social a través de diferentes programas, entre los que destaca la “Social Business Iniciative” que, en 2011, promovió acciones para financiar, visibilizar y favorecer la creación de marcos legales para el desarrollo de las empresas sociales en Europa.

De la misma forma, en España, que cuenta con una gran tradición en iniciativas de cooperación y en el desarrollo de planteamientos colectivos, como demuestra la presencia de las denominadas empresas sociales (como las cooperativas agrarias, de servicios e incluso industriales) o las organizaciones sin ánimo de lucro, se han puesto en marcha algunas iniciativas con una ambición limitada en el marco de la Estrategia Española de Economía Social 2017 – 2020.

Es mucho el camino que queda por recorrer en momentos en los que la situación de crisis (aumento de la desigualdad, degradación medioambiental y cambio climático) urge a que, partiendo de valores humanos y de sostenibilidad, los distintos colectivos e individuos, apoyándose en el conocimiento disponible, los nuevos métodos de innovar, los nuevos mecanismos para cooperar, las fórmulas jurídicas apropiadas y contando con el apoyo de las instituciones públicas y privadas, recuperen la lógica que concluye que la economía y las empresas deberían estar al servicio de las necesidades de las personas considerando los límites del planeta que habitamos.

Para ello se ha de responder a numerosas cuestiones; entre otras:

  • Cómo promover los valores que fundamentan la innovación social (cultura, visibilidad, reconocimiento, etc.).
  • Cómo facilitar el desarrollo de las iniciativas de emprendimiento social (asesoramiento, financiación, marcos jurídicos específicos, etc.).
  • Cómo apoyar a las empresas sociales considerando su impacto (métodos de valoración del impacto social, discriminación positiva, fiscalidad, etc.).

Participantes

Ponente: Margarita Albors, Fundadora y Presidenta de Social Nest Foundation.

Contertulios:

  • David Cabedo, Vicerrector Adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universitat Jaume I (UJI) y Presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV).
  • Emili Villaescusa, Presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL).
  • Rafael Escamilla, Jefe del Área de Programas y Servicios Europeos y Difusión de la Innovación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
  • Raúl Royo, CEO de Royo Group y Presidente del CEEI de Valencia.
  • Victoria Majadas, Presidenta de BIGBAN Inversores Privados.

Moderadora: Ana Carrau, Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación.

Materiales

Cápsula del debate

GRABACIÓN completA

Ponencia

Descarga en PDF la ponencia realizada por Margarita Albors.

Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones del Debate 04. 

  1. Cada vez son más los emprendedores que orientan sus iniciativas empresariales a la búsqueda de un impacto social positivo.
  2. Es necesario adoptar un método estándar para valorar el impacto social de las iniciativas que se desarrollen y aplicar, dependiendo de dicho impacto, incentivos graduales que promuevan la economía social.
  3. Las entidades financieras están utilizando de forma creciente criterios de inversión relacionados con el impacto social y medioambiental esperado.
  4. Ha de innovarse en fórmulas de inversión público – privada que favorezcan el impacto social de las iniciativas que se financien; por ejemplo, apoyando con recursos públicos las promovidas por emprendedores que persigan ese fin.
  5. La discriminación positiva de las empresas con impacto social o medioambiental y su visibilidad serían útiles para promover el desarrollo de la economía social, incluyendo su priorización en contratos públicos o la creación de un fondo público para apoyar iniciativas de este tipo, entre otras medidas.
  6. Las políticas para favorecer la economía social deberían depender de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, dada su transversalidad y efecto en las competencias de todos los departamentos gubernamentales.
  7. La innovación social debería formar parte de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación y la Innovación de la Comunidad Valenciana (RIS3-CV).
  8. Aunque las Administraciones Públicas encargadas de promover la innovación apoyan el desarrollo de la economía social, las empresas de la Comunidad Valenciana no reúnen, por lo general, las condiciones apropiadas para innovar y menos aún para innovar con impacto.
  9. Una fórmula para promover la innovación social en las empresas es hacer uso de la innovación abierta, recurriendo a estructuras (como startups, emprendedores, etc.) especializadas en innovación social.
  10. Las entidades como los CEEI, los parques científicos de las universidades o los organismos municipales que promueven la innovación y el emprendimiento deberían fomentar la economía social, cuidando especialmente el impacto de cualquier iniciativa que acojan en sus respectivos ámbitos de actuación.

Documentación sugerida

Se sugiere consultar la siguiente documentación:

Agradecimientos

  • Al Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València, por la REALIZACIÓN.
  • Al Taller d’Audivisuals de la Universitat de València, como PRODUCTOR EJECUTIVO.
  • A la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), a la Universitat Politècnica de València y a la Universitat de València, como COPRODUCTORES.

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